"Si ustedes se empeñan en mantener el sambenito de nombre [CLM] que nos han puesto, bastará con que un solo ciudadano exponga la fuerza de la razón para que ustedes pierdan el juicio de la Historia"
Eugenio Redondo, 1981

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1837: El fin de las Comunidades

“En 8 de Noviembre último se comunicó por este Ministerio al Jefe Político de Soria la Real Orden que sigue: …”

Así comenzó el final de las Comunidades de Villa y Tierra en Castilla. En este artículo nos adentraremos en estas instituciones claves para comprender a Castilla en su esencia más popular y tradicional, cómo comenzaron y cuáles fueron las consecuencias de su final.

Comienzo y apogeo de las Comunidades (S.XI – S.XIII)

Las Comunidades de Villa y Tierra fueron durante 7 siglos una institución muy útil para el desarrollo de la vida popular y local, así como un eficaz interlocutor con el poder superior: por encima de las Comunidades solo estaban las Cortes y el Rey de Castilla. Ello puede darnos una idea de que estos organismos, junto con las Merindades (jurisdicciones entre el río Duero y el mar Cantábrico) y las Encomiendas (en La Mancha central y occidental) constituían el verdadero cuerpo orgánico del país castellano por entonces.

Su organización se aproximaba mucho a la de las antiguos aprovechamientos colectivos de recursos agrícolas y ganaderos que los pueblos celtas (vacceos, vetones, carpetanos y arévacos, principalmente) habían desarrollado antes de su romanización, y que se mantuvieron incluso a llegada de los visigodos, ya que los godos, como pueblo eminentemente rural que eran, fomentaron y apoyaron esta gestión compartida de los recursos en pequeñas comunidades rurales. Tras la invasión islámica, a partir del siglo IX, un nuevo pueblo (en realidad campesinos godos que no habían doblado la rodilla frente al islam) comenzó a bajar de los montes cántabros hacia la meseta en una apuesta entre la vida y la muerte: nada que perder, todo por ganar. No es de extrañar que aquellos campesinos-soldados que levantaban atalayas por doquier (lo que llevó a que se conociera la zona en Córdoba como “Al-Quilá”, las fortalezas) nombraran a su tierra Castella, el país de los castillos. Tampoco es de extrañar que en su repoblación, los viejos godos y nuevos castellanos reprodujeran las formas de vida rural que habían heredado de sus antepasados: la gestión comunal de los recursos.

Sin embargo es con el proceso de la Reconquista cuando los alfoces, comunes, universidades o comunidades (por todos esos términos se les nombraba), ya fueren de villa o ciudad y tierra, se desarrollan en su totalidad en la Extremadura Castellana (tierras entre el Duero y el Tajo) en el siglo XI con el objetivo de gestionar el vasto territorio incorporado al reino castellano por entonces. Se desarrollaron 3 tipos de Comunidades: de realengo (las más numerosas), de señorío y de abadengo. El proceso de desarrollo y el poder que fueron adquiriendo los órganos populares y concejiles en Castilla fue tal que hacia 1230 más del 95% del territorio de la Extremadura Castellana estaba estructurado en Comunidades de Villa y Tierra. Las tierras entre el Duero y el Tajo se consagraban así como el auténtico nervio y la verdadera fuerza de Castilla: en ellas se concentraba la mayoría de la población, en ellas estaba la mayor producción de recursos y en ellas residía la verdadera potencia del sistema militar castellano: las milicias concejiles, que constituían un sistema muy versátil de ataque y autodefensa único en Europa. Las Comunidades poseían ejércitos y designaban capitanes, siendo el Rey el comandante en jefe de los ejércitos castellanos.

Las fuentes naturales de producción, principalmente los bosques, pastos y aguas, son patrimonio del Concejo. Junto a esta propiedad pública coexiste la propiedad privada de las casas, huertas y tierras de labor. También era propiedad comunal el subsuelo, ciertas industrias de interés general y el comercio de los productos básicos.

La estructura, gestión y oficios en las Comunidades eran los siguientes:

El proceso de señorialización (S.XIV – S.XV)

A mediados del siglo XIV la inestabilidad de la Corona y el estallido de la I Guerra Civil Castellana (1366-1369) entre los partidarios de Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara obligaron a ambos a buscar apoyos en la nobleza, consiguiéndolo con mayor éxito el segundo, que sería proclamado Rey de Castilla con el nombre de Enrique II tras el regicidio de su hermanastro Pedro I en Montiel (Ciudad Real). Con acierto llamado “Enrique el de las Mercedes”, por tantas como concedió en su afán de ganarse el apoyo de los grandes del Reino. En ese empeño enajenó y segregó grandísimas extensiones de terreno de las Comunidades de realengo para convertirlas en Comunidades de señorío o simples aldeas enajenadas a las que se concedía el título de Villa y se ponían bajo la jurisdicción de un noble. Varias Comunidades por entonces pasaron a convertirse por arte de magia en condados, marquesados y ducados.

A partir de ese momento los sucesivos monarcas castellanos siguieron la práctica con mayor profusión si cabe:

-Señorío de Villena: 1304 (elevado a Marquesado en 1445)
-Señorío de Aguilar de Campoo: 1339 (elevado a Marquesado en 1482)
-Señorío de Oropesa: 1355 (elevado a Condado en 1475)
-Señorío de El Real de Manzanares: 1366 (elevado a Condado en 1445)
-Condado de Medinaceli: 1368 (elevado a Ducado en 1479)
-Señorío de Béjar: 1394 (elevado a Ducado en 1485)
-Señorío de Arévalo: 1420 (elevado a Ducado en 1469)
-Condado de Plasencia: 1442 (elevado a Ducado en 1476)
-Condado de Saldaña: 1479

Los villazgos (S. XVI – S. XVIII)

A partir del siglo XVI, con la venida del Imperio y el empeño por parte de la dinastía Habsburgo de mantener las posesiones españolas en Europa, la Monarquía Hispánica se vio envuelta en una serie de guerras que agotaron la Real Hacienda, pues eran los reinos de la Corona castellano-leonesa los únicos que contribuían al esfuerzo bélico. La bancarrota de 1557, seguida de las de 1575 y 1596 obligó a la Corona a sacar a la venta los privilegios de villazgo: cualquier aldea perteneciente a una Comunidad de Villa y Tierra podía pagar una cuantiosa suma de maravedís y quedaba enajenada de la cabecera de la Comunidad, pasando a constituirse en Villa con jurisdicción propia.

Esta situación, agraviada por los constantes desafueros que los nobles cometían en muchas de sus tierras de señorío llevó a muchas aldeas a empeñarse por generaciones con la Corona con tal de salir de la jurisdicción señorial o de la cabecera de la Comunidad, contribuyendo a desintegrar más el mapa de las Comunidades en Castilla.

Es así como política y geográficamente se va destruyendo el ser de la Comunidad y la fortaleza del Concejo hasta llegar a la impotencia, la soledad y el aislamiento de la aldea convertida en Villa previo pago. La independencia municipal, que a primera vista pudo parecer beneficiosa, tal vez no lo fuera en realidad tanto. Las viejas comunidades agrarias con base en el disfrute común de leyes y bienes se disolvían por la política fiscal de los Reyes; y esta disolución no puede considerarse positiva porque toda división que concede libertad conlleva la renuncia a otros derechos de convivencia en fraternidad. No debieron olvidar esto aquellas aldeas que, por el disfrute de las pequeñas libertades, sacrificaron los grandes bienes de la unión.

La aldea enajenada, la nueva Villa, fue perdiendo su sentido histórico y su conciencia de pertenencia a la gran Comunidad y acabó por ser incapaz de mantener su propia unidad: fue víctima de la debilidad de su propia independencia, ya que carecía de fuerza para garantizar la defensa de sus propios derechos.

El final de las Comunidades (1837)

El siglo XIX se asoma en nuestra tierra habiendo perdido el sentido histórico de nuestro campo, de la otrora potente industria de la lana, con una patria castellana dividida y agotada en su estructura más tradicional y fundamental: las viejas Comunidades agrarias.

Sin rumbo, sin una brújula que marcara el norte en una tierra cuya ilusión se llevaron los navíos de las Indias y los Tercios de Flandes y Nápoles, es lógico que la voracidad racionalizadora de los Gobiernos liberales se llevaran por delante lo poco que quedaba de la estructura concejil castellana.

Creadas las provincias en 1833 y creada la figura del Jefe Político (actual Presidente de la Diputación), los Gobiernos liberales pretendieron que las Diputaciones asumieran todas las funciones que quedaban demasiado lejos de los despachos de los distintos Ministerios.

La Real Orden de Supresión de Juntas o Ayuntamientos Generales de Universidades de 31 de mayo de 1837 suprimió las Comunidades de Soria, San Pedro Manrique y Caracena, entregando todos los bienes comunales a la Diputación de Soria (montes y recursos públicos que serían enajenados en las sucesivas desamortizaciones posteriores). La Real Orden asimismo obliga a la supresión de todas las Comunidades restantes que quedaban en Castilla.

Con ello finaliza una época, a partir de la cual Castilla pasa a integrarse de forma efectiva y total en el sistema francés de las provincias o departamentos en su versión española.