El artículo 31 del Estatuto de la Comunidad de Madrid dice:
Artículo 31
1. La Comunidad de Madrid podrá celebrar convenios de cooperación con otras Comunidades Autónomas, en especial con las limítrofes, para la gestión y prestación de servicios propios de la competencia de las mismas. La celebración de los citados convenios, antes de su entrada en vigor, deberá ser comunicada a las Cortes Generales. Si las Cortes Generales o alguna de las Cámaras manifestaran reparos en el plazo de treinta días, a partir de la recepción de la comunicación, el Convenio deberá seguir el trámite previsto en el apartado siguiente. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese manifestado reparos al Convenio, entrará en vigor.
2. La Comunidad de Madrid podrá establecer acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, previa autorización de las Cortes Generales.
3. La Comunidad Autónoma de Madrid, por su tradicional vinculación, mantendrá relaciones de especial colaboración con las Comunidades castellanas, para lo cual podrá promover la aprobación de los correspondientes acuerdos y convenios.
En virtud de esa indicación estatutaria, en 1999, siendo presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha José Bono (PSOE) y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Juan José Lucas el diálogo que prometió el primero de ellos en su investidura: «unir unas voces que siempre han tenido mucho en común para establecer convenios y proponer al Estado actuaciones que beneficiarán a un muy considerable número de ciudadanos que superan el ámbito territorial de cada Comunidad» (A. Ruiz-Gallardón, Asamblea de Madrid, 6-VII-1999), se materializa en Toledo en la creación del órgano, hoy día vigente, denominado Consejo de las Comunidades Castellanas.
Proyectos comunes tales como un nuevo aeropuerto en Toledo para complementar el de Barajas o la creación de una televisión pública común fueron proyectos acogidos inicialmente con entusiasmo que terminaron en agua de borrajas ante la realidad de la lucha de intereses partidistas.
Hoy en día este órgano sigue vigente, pero el acuerdo es totalmente papel mojado.
Pero lejos de reseñarlo como un fracaso, desde el castellanismo tenemos que reivindicarlo. Es totalmente legal en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía este tipo de órganos que sirvan de cauce para un entendimiento entre los ciudadanos que “siempre han tenido mucho en común” (¡y tanto: tenemos en común la misma identidad!). Si la Comunidad Autónoma Vasca hace sus acuerdos con la Comunidad Foral de Navarra para compartir actuaciones públicas y la Comunidad Catalana hace lo propio con la Valenciana ¿quién se atreve a negar, con la Constitución en la mano, que es posible una colaboración institucional basada en nuestra realidad castellana compartida?
Es evidente que una serie de actuaciones políticas de colaboración entre estas tres comunidades autónomas dentro de un marco continuado que se construye sobre la base de realidades comunes, es terreno abonado para la toma de conciencia de que esa realidad compartida no procede sino de participar de una misma identidad
Los proyectos de infraestructuras apuntalarían lo que siempre se ha dicho desde el castellanismo: Madrid es el corazón de Castilla, es el motor de transformación de toda la Meseta castellana. No podemos permitirnos reducir su potencial de progreso a su provincia y, ni mucho menos, debemos convertirlo en un sumidero, en un agujero negro, para las provincias de su alrededor. La sangre bombeada desde Madrid ha de ser para toda Castilla, ser alimento de vida y no un drenaje de su vitalidad.
Los proyectos culturales y sociales, por otro lado, pondrían en clara evidencia la propia identidad común y evitarían asentar la absurda creencia de que las actuales fronteras administrativas actuales delimitan realidades etnográficas y culturales particulares. Como ejemplo de esto, el citado proyecto de televisión pública común supondría, a parte de un claro saneamiento económico (menos recursos necesarios para dar servicio a más ciudadanos) la creación (realmente recuperación) en la ciudadanía de un verdadero sentimiento de comunidad
Recuperar el Consejo de las Comunidades Castellanas, debe ser el primer paso para impulsar la transformación del marco administrativo actual hacia otro que sea armónico con la realidad identitaria de nuestra tierra.