por Juan José Marigil
Aunque no fue hasta el 10 de agosto de 1982 cuando Juan Carlos I y Leopoldo Calvo Sotelo firmaron (sancionaron) la ley que otorgaba base legal a la nueva autonomía bautizada como “Castilla-La Mancha””, se eligió como fecha para conmemorar su fiesta anual el 31 de Mayo, día de la constitución de las primeras Cortes en 1984.
Desde entonces, el coste de este invento administrativo mermado tras separar a la provincia madrileña (la más pujante, populosa y desarrollada), se resume en la irrelevancia absoluta a nivel estatal, con lo que ello conlleva a la hora de defender nuestros intereses (Trasvase Tajo-Segura, inversiones en infraestructuras, sanidad, educación…).
En esta línea de “éxitos” podemos enumerar un sinfín de indicadores socioeconómicos que mantienen a este trozo de Castilla en los puestos de cola, siendo la renta o el PIB por habitante suficientemente explícitos en sí mismos para resumir su fracaso. Pero por si hay alguna duda, la autonomía “castellano-manchega” también tiene el dudoso honor de pugnar por ser la autonomía con mayor índice de población en riesgo de pobreza.
Nosotros no podemos celebrar los aniversarios de una autonomía estéril, cuyo proyecto fraguado para dividir y debilitar todavía más a Castilla sólo ha traído desigualdad, y un vaciado del ámbito rural que aboca a muchos pueblos a su extinción.
Urge reunificar las provincias castellanas, por justicia histórica, por sentido común, y por ser la única vía por la cual los ciudadanos vamos a recuperar esos derechos que hoy son un brindis al sol. Devolver a Castilla su peso específico en el conjunto del país para dejar de ser ciudadanos de segunda debería ser una prioridad, y desde la Asociación Castilla lo recordaremos cada vez que se celebre nuestra división en cualquiera de las cinco administraciones autonómicas con que nos han castigado.
