La Ley Perpetua de Ávila fue el texto clave que sustentó el pensamiento político vertebrador de la rebelión comunera y constituye el primer texto legal de la Europa moderna con voluntad de ordenar la forma de gobierno. En este sentido, la Ley Perpetua de Ávila es capaz de destilar a un tiempo lo mejor de la tradición parlamentaria medieval, dar continuidad al buen gobierno de la Reina Isabel y orientar claramente la proyección exterior de Castilla en la modernidad.
Decimos que destila lo mejor de la tradición parlamentaria medieval porque restablece la participación colegiada de la sociedad en las leyes fundamentales del reino a través de las Cortes. En este sentido, aunque la potestad del poder ejecutivo y de la función reglamentaria recaía en el monarca, las leyes fundamentales del reino (sucesión a la Corona, impuestos especiales, levas extraordinarias de tropas, guarnición de presidios y fortalezas del rey, código legal para la aplicación de la justicia, matrimonios de Estado, juramento al heredero, etc.) eran asunto a tratar de forma colegiada en las Cortes.
Estas sesiones parlamentarias se convocaban de forma habitual con periodicidad de entre 1 y 5 años aproximadamente, y siempre tenían lugar en Castilla, León o Andalucía. En los años anteriores a la rebelión comunera, las Cortes se habían reunido con frecuencia.
Ocaña (1499)
Sevilla (1499)
Sevilla (1501)
Toledo (1502), cuyas sesiones continuaron en Madrid y Alcalá de Henares (1503)
Toro (1505)
Salamanca (1506), cuyas sesiones continuaron en Valladolid (1506)
Madrid (1510)
Burgos (1511)
Burgos (1512)
Burgos (1515)
Valladolid (1518)
Las Cortes venían ejerciendo como mecanismo de seguimiento y control de la labor de gobierno del monarca (especialmente en lo tocante a impuestos especiales), de forma que la sociedad castellana participaba, en mayor o menor medida, de la vida política del reino. Esta participación política, que garantizaba la aquiescencia tanto de las élites como del pueblo, es lo que fue violentado por Carlos I tras su acceso al trono, ya que el nuevo rey convocó las Cortes en Galicia (algo inédito) y presionó mediante sobornos y amenazas a los procuradores para que traicionaran el mandato que traían desde sus ciudades, lo que fue la mecha que prendió el levantamiento.
En todo momento, además, la ley comunera recupera una doctrina política basada en medidas que el propio texto refiere como de uso común en tiempos de la reina Isabel. En primer lugar, en relación con los gastos de la Casa Real, menciona el texto que los gastos en banquetes se han disparado hasta 150.000 maravedís, respecto a los 15.000 maravedís que gastaban los Reyes Católicos. Además, la ley hace referencia a la gran proliferación de cargos inútiles que ha tenido lugar desde la muerte de la reina Isabel, así como establece que las alcabalas e impuestos retornen a los niveles impositivos que estableció la reina Católica. La Ley Perpetua establece también el revocamiento de todas las mercedes de villas, términos, vasallos, salinas y explotaciones mineras otorgadas desde la muerte de Isabel en adelante (no solamente las de Felipe el Hermoso y Carlos I, sino que incluso revoca también las otorgadas por Fernando el Católico tras la muerte de su esposa). Adicionalmente, la Ley de Ávila revoca todas las ejecutorias de hidalguía emitidas desde la muerte de Isabel que se hubiesen expedido a personas sin méritos que lo acreditasen y mediando pago dinerario. Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por Isabel la Católica en su testamento, la Ley Perpetua ordena la restitución a realengo de todos los territorios que se habían enajenado de la Corona. En este sentido, podemos ver que en todo momento Isabel es la referencia del buen gobierno para los procuradores comuneros.
Por último, la Ley de Ávila no desconoce la proyección exterior de Castilla, antes bien, recoge el legado de la reina Isabel y del cardenal Cisneros, comprometiendo el esfuerzo de Castilla en la expansión iniciada en el norte de África, estableciendo que las partidas destinadas al sostenimiento de los presidios y ciudades en África se gasten íntegramente en ese cometido. Por su parte, la ley también pone coto a los abusos de los primeros tiempos de la conquista y colonización de América, de manera que la proyección castellana en el Nuevo Mundo esté guiada por principios de humanidad hacia los nativos americanos.