1812: Los hombres de Castilla en Cádiz

por José Manuel Sanz

Este año se cumple el bicentenario de la Constitución de 1812, primera que tuvo España, y comparativamente alabada por algunos como mejor estructurada que la actual. Al comienzo del 1800 la situación territorial de España hacía imposible cualquier posibilidad de desarrollo interior, y mucho menos colocar al país dentro de las primeras potencias europeas, debido a multitud de factores. Primeramente, un desarrollo industrial que brillaba por lo ausente. España seguía siendo un país agrario en su totalidad, y la Guerra de la Independencia nos trajo encima la destrucción de toda la industria lanar castellana, ordenada por el Duque de Wellington, que según iba pasando por los pueblos del norte de Castilla “libertando” a sus gentes, quemaba y arrasaba los telares de Segovia y Ávila, para evitar la competencia de la lana castellana con la inglesa en la producción de tejidos.

Por otra parte, con la situación territorial de España era imposible conseguir un relanzamiento económico a nivel general. Las fronteras y aduanas entre reinos que imposibilitaban el mercado único, las extensas propiedades de la Iglesia no sujetas al pago de impuestos ni a la Ley de la Monarquía y los infinitos y atomizados dominios nobiliarios que se extendían por todo el país hacían literalmente imposible la aplicación de la Ley en muchas zonas, además de la constante evasión de los impuestos por parte de algunos magnates y territorios.

El mayor problema lo presentaban los reinos de León y Castilla, donde el berenjenal suponía una condena a muerte al desarrollo del territorio. Multitud de enclaves, comarcas enteras en manos de los nobles y desperdigadas por el territorio, tremendísimas extensiones de terreno eclesiástico…

Situación territorial de España en 1787

El sistema jurídico castellano tradicional estaba en 1812 agotado y colapsado de forma evidente, no por sí mismo (porque era un sistema que se había demostrado eficiente y óptimo antes de los Austrias), sino porque Felipe II, Felipe III y Felipe IV se dedicaron a vender pueblos y Comunidades enteras. Llegaron hasta el punto de expropiar Comunidades que estaban bajo la protección de la Iglesia (como Uceda o Talamanca, por ejemplo), para vendérselas a los nobles, lo que hizo que proliferaran por toda Castilla y gran parte de León infinidad de señoríos aristocráticos, donde la mayoría de los impuestos de los campesinos iban a parar a manos de los nobles y no revertían en el Estado.

Al comenzar el 1800 el país necesitaba urgentemente 3 cosas:

-Eliminar las aduanas entre reinos y establecer un mercado único interior.
-Que todos los ciudadanos pagasen impuestos al Estado en proporción a su renta de forma universal, lo cual exigía abolir los señoríos.
-Una reorganización del territorio para evitar la atomización del país, carcomido por los dominios nobiliarios de norte a sur.

La situación exigía de forma inmediata una reformulación. Durante la Guerra de la Independencia se convocaron las Cortes Generales y Extraordinarias en Cádiz con rango de Asamblea Constituyente y que se ocuparían de muchas cuestiones, la organización territorial entre ellas.

Los procuradores que firmaron la Constitución de Cádiz en 1812 fueron en total 184. Los castellanos eran 19, es decir, un 10,33% del total. No se han tenido en cuenta los diputados de todo el proceso constituyente, sino únicamente los firmantes de la Constitución. En este gráfico se puede ver el reparto por territorios:

Gráfico de reparto de procuradores por territorios / Asociación Socio-Cultural Castilla

Los 19 procuradores castellanos que firmaron la Constitución se repartían de la siguiente forma: 4 diputados por la provincia de Cuenca, 4 por la provincia de La Mancha (actuales provincias de Ciudad Real y la mitad occidental de Albacete), 2 diputados por la Junta Superior de Burgos (actuales provincias de Burgos, Santander y Logroño), y 1 diputado para cada una de las circunscripciones restantes: Ávila, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Madrid, Palencia, Guadalajara y el Señorío de Molina.

Hagamos una pequeña semblanza de cada uno de ellos:

Manuel Rojas Cortés, diputado por Cuenca

Nacido en Cuenca capital, fue elegido diputado el 11 de Febrero de 1810 por 11 votos de los 18 concejales del Ayuntamiento de Cuenca. Participó en trece debates, rechazando el proyecto del llamado Arreglo de Provincias. Formó parte de la comisión de Empleos y Pensiones, y de la comisión renovada de Hacienda.

Alonso Núñez de Haro, diputado por Cuenca

Natural de Cuenca capital, y como diputado por la provincia de Cuenca, formó parte de la comisión de Premios, compuesta por cinco diputados, y de la comisión encargada de examinar los expedientes del Consejo Supremo.

Diego de Parada y Bustos, diputado por Cuenca

Nacido en Huete, era catedrático de la universidad de Alcalá de Henares. Se proclama como diputado electo el día 11 de febrero de 1810 por 13 votos de los 18 electores concejales del Ayuntamiento de Cuenca. Participó en seis debates; arreglo de provincias, secretarios de las Cortes, reformas de Ultramar, planes de Hacienda… cuando ya era inminente la lectura de la primera parte de la Constitución, optó por una reforma del poder ejecutivo, proponiendo la traslación de las responsabilidades desde la Regencia a los ministerios. Hizo una exposición bastante locuaz a favor de los beneficios que proporcionaban las rentas de Correos, Fusiles y Fortificaciones.

Diego Ventura de Mena, diputado por Cuenca

Procedente de Belmonte, era Conde de Buenavista del Cerro. Militar de profesión, fue elegido diputado por Cuenca en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital, por 11 de los 18 concejales el 11 de Febrero de 1810. De pensamiento absolutista, fue uno de los diputados que continuamente se quejaba de ser insultado dentro de las Cortes por el público asistente. En su interés por buscar recursos y economizar gastos, propuso que se tratase de buscar una contrata para procurar abastecimientos. Así en cuanto al aprovisionamiento de las tropas, a finales de 1810, expresó que la tarea más importante que entonces tenían las Cortes no eran otras que la subsistencia del país y la provisión de los ejércitos. Con la reacción absolutista de 1814 se erigió en delator de los más significados diputados liberales.

Juan de Lera y Cano, diputado por La Mancha

Nacido en Peñas de San Pedro (Albacete), era sacerdote. A lo largo de su vida fue párroco de Cenicientos (Madrid) y La Guardia (Toledo). Doctor en Teología, fue elegido diputado el día 16 de Agosto de 1810 en Riópar (Albacete). Absolutista, formó parte de una sola comisión, la de Prebendas Eclesiásticas, y participó en debates sobre diez cuestiones diferentes destacando los de Señoríos, Inquisición, Proyecto de Constitución… Se opuso al principio de soberanía nacional, negando la capacidad de la sociedad para elegir su propia forma de gobierno. Con la reacción absolutista de Fernando VII, fue nombrado obispo de Barbastro en 1814.

Proclamación de la Constitución de 1812, por Viniegra

Ramón Giraldo de Arquellada, diputado por La Mancha

Natural de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), fue elegido diputado por la provincia de La Mancha el día 16 de Agosto de 1810 en Riopar (Albacete), cuando parte de la provincia estaba todavía en manos de los franceses. Formó parte de varias comisiones como la comisión de Poderes, la de Causas Atrasadas, la encargada de elaborar el Reglamento del Poder Ejecutivo, la de la Organización del Gobierno… También formó parte del Tribunal de Hacienda y de la comisión encargada de dictaminar sobre al conducta del diputado por Madrid, José Zorraquín. Apoyó la tesis liberal de que eran las Cortes quienes, deberían asumir las competencias para conocer en los recursos de fuerza establecidos por el Concilio de Trento; y expuso sus ideas sobre las diferencias habidas entre la representación nacional y la popular.

Mariano Blas Garoz y Peñalver, diputado por La Mancha

Nacido en Los Yébenes (Toledo), fue elegido diputado por La Mancha el 25 de Septiembre de 1810 entre los siete electores naturales de la provincia residentes en Cádiz. Su carrera política en Cortes estuvo caracterizada por formar parte de las comisiones de Guerra, compuesta de seis diputados, de la de Supresión de empleos y de la del Diario de Cortes, en la que fue luego sustituido por José Zorraquín. Participó en varios debates tales como los de la Libertad de imprenta, Reglamento del Consejo de Regencia, Libertad de comercio, y Reglamento de policía. Junto con Francisco Escudero, fue comisionado por las Cortes para que localizara la biblioteca del Colegio de Guardias Marinas.

Fernando Melgarejo de los Cameros, diputado por La Mancha

Natural de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), fue elegido diputado por La Mancha el día 16 de Agosto de 1810 por los 12 votos de los 12 electores correspondientes reunidos en Riopar (Albacete), por hallarse parte de la provincia bajo la ocupación francesa. Formó parte de la comisión encargada del examen de las operaciones de los ex regentes durante su Gobierno, compuesta por seis diputados. Propuso que no tuvieran acceso a ciertos altos empleos, como regentes del Reino o secretarios del Despacho, todos aquellos que hubieran prestado juramento al rey José I.

Francisco Mateo Aguiriano, diputado por la Junta Superior de Burgos

Francisco Mateo Aguiriano y Gómez, diputado por la Junta Superior de Burgos

Obispo de Calahorra y de Santo Domingo de la Calzada, nació en la localidad de Alesanco (La Rioja). Estudió Jurisprudencia en Toledo y llegó a ser abogado del Consejo Supremo de Castilla. Elegido diputado por la Junta Superior de Burgos (actuales provincias de Burgos, Santander y Logroño), mostró su rechazo al afrancesamiento del Gob

ierno, exhortando a sus fieles a que mostraran ese mismo rechazo, lo que le supuso la sustitución en su diócesis por José I, debiendo huir a Alicante. Votó en contra del principio de soberanía nacional. Formó parte de la comisión de prebendas eclesiásticas, compuesta de cinco diputados y creada en la sesión del 21 de Mayo de 1811.

Francisco Gutiérrez de la Huerta, diputado por la Junta Superior de Burgos

Abogado de los Reales Consejos, era natural de Salinas del Rocío (Burgos). Considerado comúnmente como un destacado jurista de opiniones muy conservadoras, fue elegido diputado suplente por la provincia de Burgos (actuales provincias de Burgos, Santander y Logroño), formando parte de varias comisiones como encargada de la elaboración del Reglamento de las Cortes y la de la elaborar la Constitución. También perteneció a la comisión especial para estudiar el restablecimiento de la Inquisición.

Jerónimo Ruiz García, diputado por Segovia

Natural de la capital segoviana, fue Capellán Doctoral en la Real Capilla de la Encarnación de Madrid, y elegido diputado por la ciudad de Segovia, al hallarse su provincia en manos de los franceses. Formó parte de la comisión de Hacienda, perteneciendo también a la de prebendas eclesiásticas, aunque participaría solamente en dos debates, el de elecciones en Extremadura y sobre la Dirección de Provisiones.

Manuel García Herreros, diputado por Soria

Nacido en San Román de Cameros (actual provincia de Logroño, por entonces dentro de la provincia de Soria), era doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y en 1803 fue nombrado Procurador General del Reino. Fue elegido el 23 de Septiembre de 1810 diputado por Soria ante los siete compromisarios sorianos emigrados en Cádiz. De espíritu abiertamente liberal, perteneció como Argüelles, Zorraquín y Fernández Golfín, a ese grupo de liberales que se caracterizaron por su ideología claramente radical. En el debate sobre la cuestión de los señoríos sugirió que volvieran a la nación todos los señoríos jurisdiccionales, así como todo tipo de propiedad que hubiera sido vendida o donada por la Corona. Se le acusó de ser uno de los inspiradores de El Robespierre Español, periódico que se editaba en Cádiz, radicalmente liberal y antimilitarista, que llegó a importunar tanto a absolutistas como a liberales moderados. Con la reacción absolutista de 1814 fue detenido, siendo condenado por el propio Fernando VII a ocho años de presidio en Alhucemas.

Evaristo Pérez de Castro y Colomera, diputado por Valladolid

Evaristo Pérez de Castro y Colomera, diputado por Valladolid

Nacido en Valladolid, fue elegido diputado por esta provincia el 21 de Septiembre de 1810. Primer Secretario de las Cortes, intervino a favor del decreto de Argüelles sobre la libertad de imprenta y pidió que se le exonerase de su nombramiento como componente de la nueva comisión de comercio, por pertene

cer ya a la de Constitución, siendo, pues, sustituido por Navarro.

Juan Clímaco Quintano Ruiz, diputado por Palencia

Nacido en Astudillo (Palencia), fue oficial de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, y elegido diputado por la provincia de Palencia el 21 de Septiembre de 1810. De ideología liberal, formó parte de la comisión de Inspección del Diario de Cortes compuesta de tres diputados, y de la comisión ordinaria de Hacienda.

Francisco de la Serna y Salcedo, diputado por Ávila

Natural de Arévalo (Ávila), era un oficial retirado de la Secretaría de Marina. Fue elegido diputado en Cádiz el día 23 de Septiembre de 1810 por los siete compromisarios de la provincia de Ávila emigrados en la ciudad. Posteriormente fue elegido diputado propietario el día 4 de Octubre de 1811 en la casa-molino de la villa de Adrada, al estar Ávila en poder de los franceses. Presentó, para recaudar fondos, un plan de nuevas cédulas que no era otra cosa que un cobro de derechos anticipados, con cargo a la Junta de Cádiz, lo que provocó el rechazo de ésta y la retirada del proyecto. Puso de relieve la utilidad y el valor de las guerrillas, destacando que cuantos medios tenían se los habían procurado ellas mismas, pidiendo mayor atención y auxilio por parte de las Cortes para los guerrilleros.

José Roa y Fabián, diputado por el Señorío de Molina

El hecho de que Molina tuviera una Junta de Defensa propia durante la Guerra de la Independencia le permitió tener diputado a Cortes. El canónigo molinés José Roa y Fabián fue elegido diputado por el Señorío de Molina el día 19 de Febrero de 1810 por 79 electores. Absolutista, en los debates sobre la nueva ordenación del territorio español protestó, de forma muy contrariada, por la no inclusión en la misma del Señorío de Molina como entidad histórica, y, para que así se hiciese constar, pedía se pasase la correspondiente nota al regente de la Imprenta Real, para que a continuación de las Provincias Vascongadas se insertase a Molina. Aunque el sector liberal no quiso apoyar esta petición porque se consideraba como una reivindicación de tipo nobiliario, lo cierto es que se le contestó que tendría presente esta observación en tiempo oportuno, y al final logró su propósito. El asunto no era baladí, ya que lo que buscaba José Roa era sentar un precedente para conseguir la diputación provincial propia para Molina, separada de Guadalajara, cosa que finalmente no lograría. Lo único que las Cortes se avinieron a concederle fue que el nombre de la diputación provincial guadalajareña se llamase “de Guadalajara con Molina”, pero siendo en todo momento una única institución con capital en Guadalajara. José Roa también protestó contra el acuerdo de conceder excepciones al servicio militar a cambio de ciertas cantidades de dinero.

José María Veladíez y Herrera, diputado por Guadalajara

Nacido en Atienza, abogado y Doctor en Derecho, fue elegido diputado por Guadalajara el día 12 de Marzo de 1810 por los 10 electores presentes en el Ayuntamiento de Anguita, donde se reunión la Junta de Defensa de Guadalajara al estar la capital ocupada por los franceses. Participó en seis debates: reglamento del Consejo de Regencia, Arreglo de Provincias, Señoríos, Proyecto de Constitución, Diputaciones provinciales, y Convocatoria de Cortes. Formó parte también de la comisión de Arreglo de Provincias, compuesta de cinco diputados. En principio se negó a firmar la Constitución por estimar que era contraria a sus convicciones, aunque finalmente lo hizo ante la proposición del diputado soriano García Herreros, aprobada por las Cortes en la sesión de 17 de Marzo, que declaraba indigno de la condición de español con perdida de todos sus honores, distinciones, empleos, sueldos y privilegios, a quien se negara a firmarla y jurarla.

Rafael Manglano y Quijano, diputado por Toledo

Nacido en Ocaña (Toledo), y militar de carrera, entró a servir desde muy joven como Guardia de Corps. Se negó a reconocer como Rey a José I, renunciando a las ventajosas propuestas que Murat le hizo para promocionarse en su carrera militar. Una vez fugado del bando francés, mandó una división del ejército español, siendo ascendido a Mariscal de Campo tras la batalla de Medellín y participando luego en la de Talavera, donde quedó inutilizado su brazo izquierdo a causa de un balazo. Fue elegido diputado por Toledo en Cádiz el día 20 de Septiembre de 1810. Presentó un proyecto de fortificación de la Isla y aumento de sus baterías, apoyado por el general y también diputado, Eguía y formó parte de la comisión encargada de examinar la concesión de empleos y pensiones. Sustituyó a Vázquez de Parga en la comisión de Premios. Dos días después, se le concedió permiso especial para tratar directamente con el Gobierno asuntos relativos de su provincia. Entró a formar parte de la comisión de Guerra, en lugar del fallecido Samper y firmó la Constitución.

José de Zorraquín, diputado por Madrid

Natural de la villa de Madrid, fue un destacado defensor de la causa liberal, y fue nombrado secretario de las Cortes, firmando como tal en la Constitución. Cabe destacar que, tras su cese en 1813 como diputado por Madrid, pidió a las Cortes un certificado que probara su labor en la cámara, así como una valoración del pleno sobre su trabajo, para lo cual se creó una comisión especial, a fin de dictaminar su conducta. Con la reacción absolutista de 1814, fue puesto en busca y captura, y él mismo se entregó a las autoridades al saber que le buscaban. Fernando VII le condenó a 8 años en el presidio de Alhucemas.