En esta entrada rescatamos un artículo del proceso autonómico escrito con muy buen juicio por Manuel Fernández Escalante (Torrelavega, 1935 – Valladolid, 2014), y publicado en el diario ABC en su edición de 21 de julio de 1979. En la época de redacción del artículo, Escalante era profesor agregado de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, ejerciendo posteriormente como catedrático en La Laguna, Santander, Córdoba y Valladolid.
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Castilla, troceada
Asistimos impávidos los castellanos a la extinción de Castilla. En el show de las autonomías, bueno o malo para algunos o para todos, que en ello no entramos, a Castilla le ha correspondido —como casi siempre desde el siglo XVI, por otra parte— el turno del pariente pobre. Porque (suponemos para dar empleo a algunos neo-gobernantes con afición, mas sin huecos por el momento) se ha desdoblado mágicamente el viejo reino en dos o, más preciso, se ha ocultado- una parte de él bajo un doble rótulo —como en las estaciones de ferrocarril a vapor: «Linares-Baeza», etc.—, y ahora se llama «Castilla-La Mancha». ¡Gran invento!
De manera que el corazón continental del «pequeño continente» en que se convierte España al admitir límites dentro de sus fronteras (sobre cuyas ventajas o desventajas, insistimos, no nos pronunciamos), la ex ancha Castilla, que reunida aún puede ofrecer un contrapeso geopolítico —léase a Mahan o Haushoffer y véase la importancia del «corazón del territorio»— es, por si acaso —deducimos— artificialmente troceada, como si de res muerta se tratase, sin ningún objetivo mínimamente no surrealista que pueda divisarse a cambio; sin ninguna meta, sin ningún fin. ¿Pues puede considerarse tal la satisfacción personal que, eso sí, sin duda sentirán los flamantes componentes del inminente «Gobierno» de «Castilla-La Mancha»; rótulo, repetimos, con sabor a carbonilla y a empalme de trenes correos? ¿Quién habrá solicitado tal fractura? ¿Quién la ha permitido, o mejor, fomentado? ¿Qué bienes —solicitamos se nos informe, simplemente— inminentes obtendrán los manchegos de la separación nominal y, a la larga, afectiva de sus hermanos de etnia, lengua y nacionalidad? ¿O es que pueden existir medidas anticatalanas o antivascongadas—que sin duda han existido o existen— y no puede darse —pues que Castilla todo lo sufre— medidas anticastellanas? ¿Qué tiene de extraño que, prefracturada desde el propio Gobierno, sin petición ni movimiento manchego de masas relevantes que así lo aconsejase, la multisecular unidad castellana (¡ay!, si se tratase de cualquier otra), otras tierras mucho más antiguas y tuetánicas del viejo reino, ante la fuga general, tanteen la huida de la nave estólida que se hunde sin protesta? ¿Pero quién la hunde y para qué? ¿De verdad nadie entre los obligados a prever —gobernar es prever— puede notar que de todo el proceso autonómico el paso más grave —y a más no solicitado— ha sido la fractura de Castilla por las mismas manos encargadas —¡si el arte del Gobierno no se ha despedido para siempre de nosotros!— de soldarla aún más fuertemente? ¿Se imagina alguien a los catalanes admitiendo la separación de Cataluña en dos partes —nueva y vieja—, que además existen ya con este nombre como mero recuerdo histórico de la Reconquista?
No sólo esto es imposible, sino que si pudieran formarían los catalanes un solo ente autonómico con Valencia y Baleares, que no son Cataluña como es notorio; de las divisiones, las menos. Los vascongados tampoco piden estatutos autónomos para cada una de las «provincias» vascongadas, en contra, curiosamente, de su centenaria tradición histórica, que mantenía un status con la Corona diferente en cada caso; y además, si les fuera posible, se englobarían Navarra y algo más de camino. Ellos también parecen seguir el lema «de las divisiones, las menos». Es sabido que sus representantes afirman no admitir, ni como hipótesis de trabajo, la posibilidad —que en este caso seguiría al menos la tradición histórica foralista— de estatutos autónomos para cada una de las viejas «provincias».
Hete aquí, en cambio, los mansos castellanos, que, para empezar, permiten sin rechistar la separación, more geométrico, de las dos Castillas, hasta ahora sólidamente unidas por la lengua, la sangre y la Historia. ¿Quién se atrevería a recoger la presidencia de este fantasmal ente autonómico rebautizado híbridamente Castilla-La Mancha? ¿Saben quienes esto permiten, o quizá propugnan, la blasfemia histórica que están profiriendo? ¿Saben que están, fría e irresponsablemente, cargándose a Castilla —a la Castilla que llevó la Reconquista de mar a mar, del Cantábrico a Gibraltar— tal vez para siempre? ¿Y a cambio de qué? Algún carguete por aquí y por allá que, suponemos, no remediará mucho paro; algún nuevo elenco de burócratas sobre el presupuesto. Poco más.
De manera que Castilla sigue, asiste con abúlica indiferencia, sin enojarse ni alegrarse, al proceso de su desaparición como tal nacionalidad, fraguado, para más inri, desde unas oficinas implantadas en una ciudad teóricamente castellana. ¿Sabe alguien de verdad lo que se está haciendo?
Manuel Fernández Escalante
Profesor agregado de la Universidad de Valencia